Siete internos generaron un revuelo en el penal de Villa Urquiza. Los reclusos se subieron al techo de la Unidad 1 para plantear una serie de exigencias que tenían que ver con su situación de encierro. Después de más de dos horas, los revoltosos depusieron su actitud sin haber logrado que se les concedieran sus reclamos. En cambio, los compañeros de pabellón que no se plegaron a la protesta sí fueron escuchados por los funcionarios judiciales que se presentaron en la cárcel a negociar.

“Lo más importante de todo es que se restableció la calma sin que se registrara ningún tipo de incidentes”, explicó el subsecretario de Asuntos Penitenciarios Esteban Saracho. Informó que los internos se subieron al techo de uno de los pabellones, aprovechando un recreo. “Se montó un operativo de seguridad por precaución, pero no hizo falta usarlo”, agregó.

La magistrada Ana María Iácono, que está a cargo de los dos juzgados de Ejecución de Sentencias de la capital -ya que su par Roberto Guyot está apartado de su cargo-, se presentó en la cárcel para dialogar con los internos. Fuentes judiciales confirmaron que entre otros reclamos, los presos le pidieron que analice la situación de cada uno de ellos porque había varios que ya estaban en condiciones de gozar de salidas transitorias y que se les otorgue el régimen de semilibertad.

También pidieron que se les otorgue el arresto domiciliario a todos aquellos que sean considerados factor de riesgo por el coronavirus (mayores de 60 años, enfermos crónicos e inmunodeprimidos).

Por último, solicitaron que se les ordene a las autoridades del penal que se les entreguen los celulares para que ellos los tengan las 24 horas.

Iácono, siempre de acuerdo a los voceros judiciales, les pidió a los reclusos que le presentaran por escrito sus reclamos y que se encargaría de estudiarlos uno por uno. Hasta ahora son casi 60 los reclusos a los que se les otorgó esa medida. Sí rechazó de lleno el pedido sobre los teléfonos.

Un protocolo

Saracho explicó que desde hace más de un mes que los internos utilizan celulares para comunicarse con sus familiares, ya que por cuestiones sanitarias, se prohibieron las visitas. “Legalmente se buscó una alternativa para que no perdieran el contacto con sus seres queridos. Se comunican también con ellos para pedirles que les lleven las cosas que necesitan. Pero todo se hace bajo un estricto control”, agregó. El funcionario aclaró que establecieron el siguiente protocolo:

- Un familiar debe llevarles un teléfono con la documentación que acredite que fue comprado legalmente y que certifiquen que tienen servicio de cualquiera de las empresas que operan en la provincia.

- Se realizan actuaciones donde se hacen constar el número de línea, código del chip e imei (código único que tiene cada teléfono) y luego son presentadas ante la Justicia para que, ante la posibilidad que cometan algún tipo de ilícito, sean fácilmente identificados.

- Los celulares son guardados en casilleros que fueron habilitados para tal fin y se los entrega a los internos en los horarios permitidos que van entren las 8 y las 18.

- Está prohibido el uso de las redes sociales y sólo están autorizados a utilizar las que permiten realizar videollamadas. “Se hace un seguimiento y si descubrimos que violan esta norma se les quita el celular”, explicó Saracho.